Según las cifras del gobierno colombiano, durante el 2007, fumigaron más de 153 mil hectáreas de coca y erradicaron manualmente más de 66 mil, debería haber restado 220 mil hectáreas del total de las 77.870 que según las Naciones Unidas, quedaban sembradas en 2006. Pero el resultado de la resta fue de 99 mil hectáreas, otra vez en el registro de Naciones Unidas.

Cual director del DANE destituido, cuando divulga cifras que no gustan, los expertos de Naciones Unidas fueron descartados y el gobierno les retiró el contrato para seguir registrando los cultivos de coca existentes en Colombia. ¿Fallan los métodos de Naciones Unidas? Los otros registros existentes y en particular los del gobierno estadounidense siempre han develado que hay aun más coca sembrada en el país. En realidad las fumigaciones ya han alcanzado el millón de hectáreas desde que se iniciaron, pese a que nunca se han registrado más de 170 mil hectáreas sembradas. La verdad es que la fumigación es un método inútil y entre más se fumiga, más se siembra y se sigue cosechando lo suficiente para abastecer el mercado ileal de cocaína.

¿Entonces será que la erradicación manual o los proyectos de sustitución si han disminuido los cultivos ilegales? Pues las cifras de cada año indican que no. El hectariaje totalizado puede variar, pero se mantiene dentro de unas franjas que tienen que ver con fenómenos de oferta y demanda y especialmente con la situación de la economía campesina.

Si los campesinos se comportaran como empresarios, la fumigación en tanto alza de los costos de producción y baja de la rentabilidad, sería una razón para dejar el cultivo, pero los campesinos, que son en Colombia los mayores productores, lo que buscan en primer lugar es subsistir. Incluso si el costo de producción sube y a veces debido a ello, necesitan sembrar más coca para sobrevivir con sus familias y siembran mas, aunque ello implique más trabajo, menor rentabilidad, pero significa comer.

Mientras el conjunto de los campesinos, la masa de los cocaleros no tengan una o varias alternativas para subsistir, seguirán sembrando coca. Seguirán dispersando sus cultivos en más lotes más pequeños de más selva tumbada. Rociarán con melado las matas y si finalmente los erradican, se desplazarán a otro bosque a seguir sembrando coca.

La política agropecuaria del gobierno hace aguas. En el primer trimestre la producción agrícola sin café y sin coca, se redujo 0,38% y durante los años de gobierno de Álvaro Uribe las importaciones de alimentos se han incrementado sin cesar. El alza de precios de los alimentos consume el presupuesto de la gente y las alzas de salarios, pero no estimula al agricultor a sembrar más, porque las tasas de interés para los créditos son más altas, los precios de los insumos se incrementan a ritmo de petróleo y las importaciones subsidiadas por los estados exportadores no permiten competir.

La alternativa que ofrece el gobierno son las plantaciones de caña de azúcar y palma aceitera para obtener agrocombustibles. Pero a pesar de los subsidios y leyes favorables que recibe esta producción no es competitiva en el mercado internacional y su consumo es limitado porque debido a sus costos de producción solamente se sustenta con leyes que lo obligan o mediante la reducción de los costos con el robo de tierras a los campesinos, indígenas y afros y usando mano de obra extremadamente barata, superexplotada, contratando las mal llamadas “cooperativas de trabajo asociado” de semiesclavos u obligando a los muy pequeños grupos de beneficiarios de subsidios del Incoder a sembrar estos cultivos para los empresarios.

La masa de cocaleros sigue sin alternativa. En cambio, la ilegalidad de la cocaína mantiene sus precios altos, de manera que se garantiza la eternidad de las mafias, así hayan matado a Pablo Escobar, destruido los carteles de Cali y el Norte del Valle y otros más, extraditado a los jefes paramilitares, apresado a los narcoparapolíticos o derrotado a las guerrillas. La ilegalidad de la cocaína es la garantía del mayor negocio del mundo, de cuya plusvalía se apropia no sólo la mafia colombiana, sino aun más, las mafias en Estados Unidos y Europa (por ejemplo la n’drangheta) y mucho más y especialmente, el sistema financiero internacional, que es el destino final del gran dinero lavado en los paraísos bancarios y mediante miles de mecanismos, como las privatizaciones trianguladas.

El campesino cocalero es la víctima de la farsa de la suma restando. El sufre la pobreza, la persecución y las fumigaciones. El es desplazado forzadamente, no solamente mediante la violencia directa sino mediante las fumigaciones. Deja abiertas las fincas para que el latifundio las devore y otra vez se va, a seguir tumbando selva, como lo ha hecho durante a historia de Colombia, con o sin guerrillas, con o sin paramilitares, pero cada vez con más latifundio.

Con una legalización controlada de la cocaína, es decir vendida solamente a mayores de edad identificados, en ciertos sitios, la mafia de narcotraficantes de cocaína desaparecería para siempre como la de Al Capone, cuando se legalizó el whiskie en Estados Unidos. Sin embargo, si se hiciera sólo eso, el problema social en Colombia se multiplicaría.

Para solucionar realmente el problema hay que darle alternativas al campesino. Priorizar la producción nacional de alimentos con créditos subsidiados, tecnologías propias, procesamiento y canales de comercialización, en lugar de seguir incrementando la importación de alimentos cada vez más caros en el mercado mundial. Y desde luego dar la tierra en la frontera agrícola al campesino, la reforma agraria. Las 5 millones de hectáreas que los latifundistas tienen apropiadas sin sembrar, ahí está una parte indispensable de la solución, para los campesinos, para las selvas, para Colombia, para liberar la madre tierra. www.ecoportal.net

Héctor Mondragón es Asesor Convergencia Campesina, Negra e Indígena.

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.www.vivalaciudadania.org